
Pretenden crear la Ley de Justicia Cívica, trasformar delitos a faltas administrativas, ajustar las penas privativas de la libertad y reducir la sobrepoblación penitenciaria.
El Estado de México inició la ruta para la elaboración de un nuevo Código Penal, con el objetivo de hacer eficaz la administración y procuración de justicia hacia los mexiquense, donde haya equilibrio entre delitos y sanciones, reparación del daño, mediación y -sobre todo- que quienes cometan delitos graves sean los que realmente deban estar en prisión.
Es así que la idea central es transformar algunos delitos en faltas administrativas mediante una Ley de Justicia Cívica; actualizar las sanciones privativas de la libertad; eliminar o ajustar varios tipos penales; tipificar nuevos delitos en materia cibernética y virtual; y despresurizar con efectividad el sistema penitenciario.
Por lo anterior el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de México (PJEM) , Ricardo Sodi Cuellar convocó a legisladores federales y locales, académicos, abogados, jueces, magistrados, empresarios y ciudadanía en general a participar en las Jornadas de Repensamiento y Consulta General, rumbo a la integración de un nuevo Código Penal para la entidad.
Y es que la actual reglamentación mexiquense -coinciden justicieros es tan obesa que hay delitos que ya ni se persiguen, otras infracciones tienen sanciones elevadas por el hecho de que la política criminal se ha construido a partir del incremento de penas; o hay acciones antisociales cuyos castigos son una aberración o desproporcionados.
“Hemos llegado a absurdos que un robo de mercancía en una tienda de conveniencia puede tener una sanción mínima de ocho años y seis meses de prisión, lo cual es un exceso, mientras que un homicidio simple tiene 11 años de prisión; robar un coche con violencia tiene una mínima de 16 años de prisión… o sea, estamos castigando igual el robo que el homicidio”, indicó Sodi Cuellar.
Por su parte el Secretario de Seguridad del Estado de México, Rodrigo Martínez Celis, avaló la creación de la Ley de Justicia Cívica porque actualmente son catalogados y perseguidos como delitos lo que en realidad son faltas administrativas y estos incidentes deben ser atendidos por los municipios.
“Se pondrán atender conflictos comunitarios y faltas administrativas como lesiones, riñas, consumo de sustancias en vía pública, conflictos vecinales y daño a la propiedad privada; como autoridades debemos apostar por estos medios alternativos que fortalecen las competencias y dotan de mejores herramientas a los municipios y los primeros respondientes”, detalló.
A partir de ahora y hasta el 30 de septiembreel Poder Judicial del Estado de México recibirá, vía electrónica o personalizada en oficialías de parte, las propuestas de quienes deseen aportar al nuevo Código Penal; en octubre iniciarán las mesas de discusión y análisis, para finalmente presentar un proyecto a la Legislatura local.
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