Las letras chiquitas de la reforma electoral
Por: Efrén Ortiz Álvarez
Como era de esperarse, la propuesta de reforma electoral que presentó el presidente López Obrador fue motivo de un acalorado debate entre diversos círculos políticos e intelectuales del país: mientras sus defensores la presumen como una reforma encaminada a mejorar nuestro sistema electoral, sus detractores la denuncian como un verdadero atentado contra la democracia.
Uno de los puntos que más llamó la atención tiene que ver con la propuesta de modificar nuestro sistema de representación, para dejar atrás el sistema mixto —en el que convergen legisladores electos por el principio de mayoría relativa y de representación proporcional— por un sistema integrado en su totalidad por los llamados “pluris”. La ventaja de este mecanismo estriba justamente en que las preferencias del electorado se plasman de una forma más fiel en la integración de los órganos deliberativos; sin embargo, una de sus posibles desventajas consiste en que, bajo este principio, las mismas cúpulas partidistas tendrían la atribución de elegir discrecionalmente a quienes accederán a dichos escaños. Dicho de otra manera, esta propuesta beneficiaría propiamente a los dirigentes partidistas, pero sobre todo, a la dirigencia del partido mayoritario, que ahora tendría cargos por repartir a diestra y siniestra.
Otro tema que resonó con fuerza tiene que ver con la propuesta de retirar el financiamiento público ordinario a los partidos políticos. No hay que perder de vista que, aunque una gruesa capa de la población ve con recelo que los partidos políticos reciban recursos públicos, ésta es una práctica que desde la segunda mitad del siglo XX comenzó a consolidarse en gran parte del mundo con el propósito de que los partidosno se vieran sometidos a la voluntad de sus inversionistas, así como evitar fuentes ilegales de financiamiento y, sobre todo, generar condiciones de equidad en la contienda electoral.
En ese sentido, en casos como México, erradicar el financiamiento ordinario no solo le abre la puerta a fenómenos endémicos como el crimen organizado, sino que reduce las oportunidades de los partidos de oposición que compiten contra el partido que controla y dispone de las instituciones y de los recursos públicos del estado, circunstancia que precisamente motivó la introducción del financiamiento público en México conla reforma electoral de 1977.
Por último, cabe mencionar que, históricamente, las reformas electorales que han sido aprobadas en este país han tenido como común denominador el hecho de que fueron impulsadas —principalmente— por la oposición y bajo el consenso de todas las fuerzas políticas. En este caso, nos encontramos ante una reforma electoral que busca debilitar a la oposición y que, consecuentemente, no logra conciliar las distintas expresiones políticas, y ello es reflejo de que los pesos y contrapesos de nuestro sistema político se tambalean.
En su libro “Gramática de los sistemas electorales”, Dieter Nohlen enuncia lo que él considera requisitos estratégicos para el debate de una reforma electoral, a saber: a) un buen diagnóstico del sistema vigente, b)precisar los objetivos de la reforma, c) una sabia elección de los mecanismos técnicos e instrumentar, y d) reflexionar en las alternativas teniendo en cuenta los contextos. Habrá que preguntarnos si estos requisitos ya fueron agotados en la propuesta que presenta el presidente. Cuando menos, aquí se han enlistado algunas de las “letras pequeñas” que nos siguen despertando unas cuantas dudas. Usted juzgue.
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