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¡OPINIÓN! LETRAS DE JUAN GABRIEL


  • Fiscalía, policía estatal y Secretaría de Gobierno en ‘operativos bananeros’.

  • ¡Vámonos Wicho! Prófugo rinde protesta como alcalde de Santo Tomás.

  • Subsecretario de Gobierno, David Orihuela, legitimó burla a las autoridades.

  • PRD hace mutis. Alcaldes perseguidos del sur son emanados del Sol Azteca.

 

POR JUAN GABRIEL GONZÁLEZ CRUZ

A ver qué cara ponen, pero sobre todo qué explicación le dan a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez sus secretarios de Gobierno, Horacio Duarte Olivares y de Seguridad, Cristóbal Castañeda Camarillo, así como el Fiscal General de Justicia del Estado de México (FGJEM), José Luis Cervantes Martínez, tras la nueva “pifia cangurezca” que derivó en la segunda fuga del ya ‘alcalde constitucional’ de Santo Tomás de los Plátanos, Pedro Luis “Wicho” Hernández de Paz.

 

Esta nueva pifia raya en lo “grotesco, infame, deprimente y horroroso” porque un alcalde electo, prófugo de la ley y con orden de aprehensión vigente por el delito de secuestro armó una sesión de cabildo, rindió protesta como presidente municipal y todavía escapó –casi caminando- de un operativo conformado por 100 elementos de seguridad estatal, ministerial, Guardia Nacional y Marina.

 

Si no lo hubiéramos visto en los videos que corrieron como pólvora en las redes sociales, de verdad no lo hubiéramos creído. Un político perredista le volvió a pintar la cara a las autoridades de seguridad y justicia mexiquense.

 

CONTEXTO

La semana pasada el cabildo de Santo Tomás había convocado a sesión para el viernes 13 de diciembre a fin de tomarle protesta –de manera clandestina- a Pedro Luis; pero la Fiscalía se enteró, armó un operativo de captura y el cuerpo edilicio suspendió la sesión.

 

La tarde del lunes 16 de diciembre, a través de panfletos que se distribuyeron en el municipio, se notificó a la ciudadanía sobre la sesión -sin fundamento legal- para que Wicho Hernández rindiera protesta; otra vez la Fiscalía se enteró, armó otro operativo –ahora con elementos infiltrados vestidos de civil y no armados- a efecto de detener al entonces alcalde electo, pero cuando procedían a apresarlo literalmente seguidores y policías municipales vestidos de civil le arrebataron el alcalde a la fiscalía de justicia y remataron: ¡Vámonos Wicho, vámonos!

 

LA SORPRESA

Pero propios y extraños casi se van de espaldas cuando vieron que quien le tomó la protesta a Hernández de Paz fue nada más y nada menos que el Subsecretario de Gobierno para el Valle de Toluca, David Orihuela. Sí, un funcionario enviado o asignado desde le Secretaría General de Gobierno legitimó al presidente de Santo Tomás, aun sabiendo que contaba con orden de aprehensión y era prófugo de la justicia. ¿Cómo es que llegó a Santo Tomás el Subsecretario de Gobierno?, ¿por coincidencia o por invitación de oficial?, para cualquiera de los casos no hay explicación lógica.

 

Se dice que el alcalde ya tenía desde hace días un amparo, pero la Fiscalía decidió incursionar porque se preveía que a la sesión de cabildo podría llegar la alcaldesa en funciones, María del Rosario “N”. Y es que tanto ‘Wicho’ como ‘Chayo’ además de ser esposos se dieron a la fuga desde el 22 de noviembre pasado cuando se activó el Operativo Enjambre contra autoridades municipales coludidas con el crimen organizado.

 

CONSECUENCIAS

¡Ridículo! y no hay otra forma de definir lo ocurrido este martes en Santo Tomás de los Plátanos, ante lo cual debe haber consecuencias inmediatas y ejemplares. En la Mesa para la Construcción de la Paz que encabezará la gobernadora, Delfina Gómez Álvarez, en Palacio de Gobierno durante las primeras horas de este miércoles tienen que rodar cabezas o al menos que de entre los responsables de esta ‘chunga” haya un gramo de dignidad y algunos presenten su renuncia.

 

DE LOS TRES NO SE HACE UNO

Primero el Operativo Enjambre del 22 de noviembre y donde se escaparon la mitad de los funcionarios municipales a los que iban a detener, entre ellos los alcaldes electo y en funciones de Santo Tomás de los Plátanos; luego la Operación Atarraya del pasado fin de semana donde varios antros ilegales no abrieron para evitar la incursión judicial y el último de hace unas horas, el Operativo Sur activado hace unas horas en la zona de Tierra Caliente para evitar que los ciudadanos sean víctimas de delitos por parte de la delincuencia organizada. De los tres no se hace uno, todos son una colección de “operativos y autoridades bananeras”. ¡La maestra dará otro reglazo en la mesa!

 

CANCIÓN, DICHO O REFRÁN

¡Qué bonita familia!...

Y a todo esto no hemos visto al PRD estatal decir ‘esta boca es mía’. Recordemos que tanto la alcaldesa actual, María del Rosario “N” como el que tomó protesta y se dio a la fuga por segunda ocasión, Pedro Luis Hernández, son políticos emanados del Sol Azteca. ¿Dónde están el líder perredista, Agustín Barrera o el coordinador de los diputados locales, Omar Ortega Álvarez?...ah, estos y otros politiquillos de izquierda se andan peleando por el registro del PRD como partido político local, así que no le van a dar importancia a lo que sucede con los funcionarios públicos emanados de sus filas. De tarugas salen a reclamar la paternidad política de los perseguidos de Santo Tomás.

 


Aclaración por derecho…

Hace unas horas este espacio publicó lo que en su momento se hizo llegar a la redacción como una nota para cuestionar si el gobierno de Toluca acató la petición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) para brindar protección a una mujer víctima de un presunto delito. En dicha denuncia –interpuesta en marzo de este año- se involucró como imputado a Erik Armando Velázquez García, actual Consejero Jurídico del Ayuntamiento de Toluca. Esta columna puso que se trataba de una denuncia por violencia de género y el aludido aclaró que se trató de una denuncia por supuestos actos de hostigamiento laboral, aunque en estricto sentido el “hostigamiento laboral es una modalidad de violencia de género que ocurre dentro del vínculo laboral y afecta la autoestima, salud, integridad, libertad, seguridad y desarrollo de una persona”. Al mismo tiempo Erik Velázquez detalló que la víctima se desistió de la denuncia y que el Ministerio Público se abstuvo de investigar por NO haber encontrado hecho que pudiera ser constitutivo de delito. Justamente en la publicación del lunes por la noche nos referimos a eso y replicó textualmente parte de lo redactado: “..el defensor jurídico del gobierno municipal fue acusado ante la Fiscalía e independientemente del estatus que guarde la denuncia, la ruta jurídica y la sentencia condenatoria o absolutoria que pudiera derivarse, sería importante conocer las acciones que tomó la alcaldía y en especial la Dirección de Seguridad Pública a quienes el Ministerio público y el Centro de Justicia para la Mujeres les pidió protección para la denunciante…”. El funcionario aludido ha mostrado que la investigación no prosperó y en eso radica parte de la aclaración sobre la denuncia que le fue presentada, aunque el llamado sigue siendo al ayuntamiento para saber si le brindó apoyo a la entonces víctima.

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