Tema: ¿El inminente arribo del voto electrónico a las elecciones en México?
Autor: Efrén Ortiz Alvarez
En esta columna ya hemos hecho referencia sobre algunas de las principales iniciativas de reforma constitucional en materia electoral que han sido promovidas recientemente en México, y en virtud de ello, puede advertirse que este debate ha germinado sobre la divergencia de opiniones en torno a temas como la disminución y distribución de cargos de elección popular, el destino del Instituto Nacional Electoral y de los Organismos Públicos Locales Electorales, así como la disminución del financiamiento público destinado a partidos políticos —por citar algunos ejemplos—. No obstante, poco se ha manifestado respecto a los temas que, aunque pocos, logran conciliar la mayoría de las iniciativas; tal es el caso, por ejemplo, del voto electrónico, cuya propuesta de instrumentación es compartida tanto por la oposición como por el gobierno.
Estamos hablando, pues, de un tema que seguramente será objeto del más alto escrutinio en el futuro inmediato; sin embargo, debemos resaltar que no es propiamente un tema novedoso. Esta práctica cobró cierta relevancia internacional durante la década de los 80, cuando países como Estados Unidos, Brasil e India llevaron a cabo una gran cantidad de pruebas piloto por las que se comenzaba a emplear computadoras y tableros electrónicos para la emisión y cómputo de la votación, en tanto que impulsaban leyes para su regulación.
En México, los esfuerzos por “modernizar” el sistema de votación tampoco son un acontecimiento reciente; de hecho, el empleo de instrumentos tecnológicos durante las jornadas electorales, se contempló por primera vez en la Ley Electoral de 1911 promulgada por Francisco I. Madero, misma que contemplaba en su artículo 31 la posibilidad de que la votación pudiese recogerse a través de medios mecánicos o automáticos —a finales del siglo XIX, Thomas Alva Edison patentó el primer sistema para el registro de voto electrográfico, que permitía almacenar y dar seguimiento a los síes y noes emitidos por los electores—.
En nuestro país, la figura del voto electrónico permaneció vigente en las leyes electorales de 1946, 1951, 1973 y de 1977, sin embargo, nunca se hizo efectiva, por lo que en 1987 —cuando estaba de moda su experimentación— se dispuso en el Código Federal Electoral el impedimento de utilizar instrumentos tecnológicos para recibir la votación en procesos electorales federales, aunque se continuó con el desarrollo de ensayos y pruebas piloto, además de ejercicios vinculantes durante algunas elecciones locales, en las que entidades como Coahuila, Jalisco y Ciudad de México resultaron pioneras con ejercicios éxitos a principios de los 2000.
Aún y con estos antecedentes, la idea del voto electrónico no ha logrado permear lo necesario para buscar, ya no digamos su consolidación, sino sencillamente una discusión seria y suficiente al respecto. No hay que perder de vista que estamos hablando de un fenómeno complejo, del que se han resaltado bondades, pero también denunciados riesgos. Hoy pareciera que la clase política está en el ánimo de impulsar esta práctica; sin embargo, habrá que preguntarnos si estas iniciativas tienen un verdadero respaldo metodológico que garantice la viabilidad y el éxito del voto electrónico, aun y con la presencia de factores como la brecha electrónica, la solidez institucional y la cultura política en nuestro país. Usted juzgue.