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Pide CODHEM investigar violencia digital contra jóvenes de Toluca



La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) se pronunció por la actuación pronta y expedita de las autoridades de seguridad y procuración de justicia, en el caso de la denuncia hecha en medios de comunicación acerca de la presunta violencia digital y extorsión de que han sido víctimas varias jóvenes de distintos municipios del Valle de Toluca, e inició la investigación de oficio número CODHEM/TOL/IG/56/2020, a fin de salvaguardar los derechos a una vida libre de violencia, a la privacidad y a la seguridad de las afectadas.

En el pronunciamiento publicado este sábado 30 de mayo, la Codhem reprueba, condena y manifiesta su profunda indignación ante los reprobables hechos denunciados en medios de comunicación, en los que se da cuenta de actos de extorsión y hostigamiento sexual cibernético a menores de edad, y reitera su rechazo enérgico y cero tolerancia, ante los mismos; igualmente, llama de nueva cuenta a las autoridades competentes a adoptar urgentemente las medidas necesarias a fin de proteger a las víctimas, e investigar y castigar cualquier forma de violencia en línea.

La Defensoría de Habitantes, encabezada por el ombudsman Jorge Olvera García, solicita a las autoridades competentes, entre ellas, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, aplicar la ley y proteger a quienes hacen uso del Internet, en particular, niñas, niños, adolescentes y mujeres, e instó a que se tomen las medidas adecuadas para hacer frente a todo comportamiento violento y delictivo en línea, mediante el fortalecimiento de la cultura de la denuncia, entre otras acciones.


La Codhem precisa que es responsabilidad compartida entre sociedad y gobierno promover y proteger los derechos humanos en el mundo virtual, cuyo espacio debe estar libre de inseguridad, violencia o afectación a la dignidad humana, tal como en la convivencia offline.

El organismo defensor reitera que el acceso a Internet es un derecho y no solo un privilegio, por lo debe ser protegido, fomentando su uso positivo, en el sentido de las múltiples oportunidades que brinda a las sociedades en distintos sectores del desarrollo humano.

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