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Bloqueos y riesgo de violencia

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Redacción: La Noticia Es
hace 7 minutos
3 min de lectura

En 2023, en Panamá, un hombre disparó contra dos manifestantes que bloqueaban una carretera en protesta por un contrato minero. Ambos murieron. En Stralsund, Alemania, un camionero apartó por la fuerza a activistas ambientales que bloqueaban una vía y, al avanzar, 9 a uno de ellos. En 2018, durante una protesta de los Chalecos Amarillos en Saboya, Francia, una conductora atropelló mortalmente a una manifestante cuando varias personas rodearon su vehículo.


¿Puede ocurrir algo así en México? Sí. En la zona metropolitana de la Ciudad de México, los cierres de vialidades principales son frecuentes. Quienes protestan ejercen su derecho a manifestarse. Quienes quedan varados reclaman su derecho a circular y, en ocasiones, necesitan llegar a un hospital o al trabajo. Cuando los cierres se repiten y se prolongan, aumentan las pérdidas económicas y crece el enojo. Ambos lados esperan que la autoridad intervenga. Dada la recurrencia de los bloqueos en los últimos meses y lo prolongado de su permanencia es creciente la inconformidad hacia la actuación de la autoridad.


Sobre todo, cuando un grupo reducido de manifestantes toma una vialidad como la Vía López Portillo, la Vía Morelos, la Avenida Central, Paseo Tollocan, Gustavo Baz, Reforma, Insurgentes, Tlalpan y la autopista México-Querétaro. Un cierre en cualquiera de esas vías afecta a quienes viajan en transporte público o particular y retrasa el transporte de carga. La irritación es tremenda, la desesperación es evidente y el enojo hacia los responsables institucionales se concreta a repetir que no existen, que son inoperantes, que no saben qué hacer.


Algunos grupos ya les tomaron la medida a los gobiernos, sobre todo a los de Morena. Un bloqueo puede surgir de una demanda legítima y también convertirse en un recurso político para desgastar a la 4T. La decisión de privilegiar el diálogo obliga a la autoridad a intervenir desde el primer momento. Cuando la autoridad demora el diálogo y deja pasar las horas, el costo recae sobre quienes quedaron atrapados en el cierre. Hasta el momento, parece ser que no existe una estrategia para atender el conflicto.


En el Estado de México, el desgaste recae sobre las autoridades estatales y municipales. Es posible que algunos funcionarios calculen el costo electoral de intervenir y que ciertos grupos vean en los bloqueos una oportunidad para restarle votos a la 4T. Mientras unos y otros hacen sus cuentas, la paciencia de los afectados se agota. Si circular por la zona metropolitana ya es complicado en un día normal, un cierre prolongado desquicia la movilidad.


El riesgo más inmediato es una confrontación entre manifestantes y automovilistas. Una respuesta temprana implica abrir el diálogo con quienes protestan y escuchar a quienes sufren el cierre vial. También supone acordar el paso de ambulancias y de personas que requieren atención médica, habilitar rutas alternas y avisar a tiempo dónde está el bloqueo. Cada hora de demora aumenta el riesgo de que el conflicto termine por dirimirse en la calle.


Los efectos de un cierre en una vía estratégica pueden extenderse más allá de la zona metropolitana. Los retrasos en el transporte de mercancías afectan a los estados que abastecen al centro del país y a los que dependen de los insumos que ahí se comercializan. Y cuando estos episodios se repiten, se deteriora la confianza en la capacidad de las autoridades para atenderlos.


Para la 4T, ese desgaste puede traducirse en derrotas electorales y poner en riesgo las mayorías legislativas que sostienen su proyecto. Antes de contar votos, a las autoridades les toca intervenir a tiempo, mientras todavía hay espacio para el diálogo.


No todo es buscar candidaturas.

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©2020
Por: Juan Gabriel González Cruz

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