Congresistas impulsan mayor protección patrimonial para personas adultas mayores


En comisiones legislativas del Congreso mexiquense, diputadas y diputados reconocieron la relevancia de mejorar la protección patrimonial de las personas adultas mayores frente al abuso familiar, como plantea la iniciativa de la diputada Itzel Ballesteros (morena).
Esta propuesta busca considerar actos u omisiones que afecten la autonomía sobre sus propiedades o la libre disposición de sus derechos y bienes como violencia patrimonial.
Integrantes de comisiones legislativas del Congreso mexiquense reconocieron la relevancia de mejorar la protección patrimonial de las personas adultas mayores frente al abuso familiar, como propone la iniciativa de la diputada Itzel Daniela Ballesteros Lule (morena) para considerar actos u omisiones que afecten la autonomía sobre sus propiedades o la libre disposición de sus derechos y bienes como violencia patrimonial.
En reunión de las comisiones de Procuración y Administración de Justicia, y Para la Atención de Grupos Vulnerables para analizar la propuesta de reforma al Código Civil estatal, el parlamentario Octavio Martínez Vargas (morena) y las legisladoras Miriam Silva Mata (PVEM) y Emma Laura Alvarez Villavicencio (PAN) se pronunciaron porque el Poder Judicial emita una opinión sobre el planteamiento, ya que requiere atención por involucrar conductas que podrían constituir delitos.
Al exponer su propuesta, Itzel Ballesteros explicó que el abuso patrimonial no siempre ocurre mediante un despojo directo, sino que a veces comienza con una relación de confianza, con un familiar que administra los recursos, con un poder que se otorga de buena fe, con una donación o con un contrato que termina perjudicando a quien confió un bien. En ese sentido, añadió, un acervo que debería ser un respaldo para una vejez sin problemas termina convirtiéndose en objeto de abuso, incluso de quienes forman parte de la propia familia.
En su intervención, Octavio Martínez solicitó no contravenir lo dispuesto en el Código Penal en lo referente al despojo y al uso de tarjetas bancarias, así como en lo tocante al otorgamiento de poderes, ya que es frecuente que personas fedatarias los otorguen cuando la persona otorgante ya no es capaz de ello o incluso ya ha fallecido, sin que la o el notario sean sancionados.
En su turno, Patricia Santos apuntó que la edad no puede ser motivo para limitar la capacidad de decidir de esta población ni de administrar o disponer de sus bienes, porque su vida de trabajo merece respeto y el patrimonio de las personas adultas mayores debe ser una garantía de tranquilidad, autonomía y dignidad, nunca una oportunidad para el abuso familiar.
Miriam Silva advirtió que la iniciativa combina el despojo como tema civil y penal, con sanciones distintas, pero sin precisar las consecuencias, lo cual consideró improcedente. Llamó a mejorar la redacción para evitar confusiones y precisar conceptos (como el de administración indebida de bienes).
Al presidir la reunión, Emma Alvarez solicitó incorporar peritajes especializados en estos procesos; permitir que se revierta la carga de la prueba cuando se acredite una relación de dependencia o subordinación; admitir, en asuntos de alto impacto, la intervención de una persona notaria pública para entrevistar a la víctima y constatar la inexistencia de presión familiar; así como considerar recurrir a medidas cautelares cuando se requieran.
Cabe señalar que el proyecto legislativo solicita, entre otras cosas, considerar como violencia patrimonial los actos u omisiones que afecten la autonomía patrimonial o la libre disposición de sus derechos y bienes, que se manifiestan en su ocultamiento, disposición o administración indebida.
Asimismo, contempla como violencia patrimonial el aprovechamiento de una relación de parentesco, confianza, cuidado, apoyo o dependencia para inducir, obtener o ejecutar actos de administración, disposición, gravamen o transmisión de bienes o derechos en perjuicio del receptor de violencia.




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