En el Estado de México, las mujeres ¿somos ciudadanas plenas?

Por Diana Velázquez Sánchez

¿En qué momento las mujeres aprendimos a normalizar el miedo?

No el miedo extraordinario.

El cotidiano.

El que se siente al regresar tarde a casa.

El que obliga a compartir ubicación en tiempo real.

El que nos hace pensar dos veces antes de denunciar.

Vivimos en un Estado de México que ha avanzado en leyes, protocolos, juzgados especializados y discursos institucionales sobre igualdad. Y eso importa. Importa mucho.

Pero también vivimos en un Estado donde millones de mujeres siguen ajustando su vida diaria para “no exponerse”, donde la carga de cuidados continúa recayendo mayoritariamente en ellas, donde el acoso laboral aún se minimiza y donde muchas veces la denuncia implica un proceso emocional y social más desgastante que el propio hecho denunciado.

Entonces la pregunta es incómoda, pero necesaria: ¿Somos ciudadanas plenas… o ciudadanas a medias?

Hablar de esto no es confrontar. Es asumir que la igualdad jurídica no siempre garantiza igualdad real.

De acuerdo con datos nacionales recientes, más del 70% de las mujeres en México ha vivido algún tipo de violencia a lo largo de su vida. En la entidad más poblada del país, esto no es un dato estadístico: es una realidad que atraviesa colonias, municipios, escuelas, centros de trabajo y hogares.

Y aquí hay un punto clave: la violencia no siempre es visible.

No siempre es un delito tipificado. A veces es una oportunidad negada. Un comentario que descalifica. Una carga que nadie más asume. Un acoso soportado en silencio que limita trayectorias profesionales. Una cultura que todavía coloca a las mujeres en un rol secundario.

Eso también es violencia. Eso también erosiona ciudadanía.

Hoy el desafío no es solo castigar agresiones, que debe hacerse con firmeza, sino prevenirlas y transformar las condiciones que las hacen posibles.

La prevención no es un discurso; es presupuesto. La igualdad no es una campaña; es política pública sostenida. La perspectiva de género no es una moda; es una herramienta técnica para mejorar instituciones.

Y aquí viene la parte más importante: no se trata de señalar culpables, sino de asumir corresponsabilidades.

Las instituciones deben fortalecerse y profesionalizarse continuamente. Las empresas deben asumir con seriedad la prevención del acoso y la violencia laboral. Las escuelas deben formar en respeto y corresponsabilidad. Los medios deben narrar sin revictimizar ni minimizar. Y la sociedad debe dejar de normalizar lo que NO es normal.

El Estado de México tiene el tamaño, la complejidad y la capacidad institucional para ser referente nacional en acceso a la justicia con perspectiva de género. Pero eso requiere algo más que voluntad política: requiere continuidad, CAPACIDAD, CONOCIMIENTO, RESPONSABILIDAD, evaluación y compromiso transversal.

Porque mientras una mujer siga modificando su vida por miedo, la igualdad será incompleta.

La ciudadanía plena de las mujeres no es una concesión. Es un derecho.

Y los derechos no se agradecen. Se garantizan.