Otorga GEM defensoría gratuita en materia penal para población de pueblos originarios

• Cuenta el Instituto de la Defensoría Pública con defensores certificados en lengua mazahua y otomí.

• El programa Jornada Defensor Público Itinerante brindó asesoría jurídica gratuita a 342 personas pertenecientes a algún pueblo originario durante 2025.

Bajo una visión humanista e incluyente, el Gobierno de Delfina Gómez Álvarez, protege los derechos de la población indígena de la entidad, al contar con defensores públicos certificados en la lengua otomí y mazahua especializados en materia penal; además, con el programa Jornada Defensor Público Itinerante, el cual brindó asesoría jurídica gratuita a 342 personas pertenecientes a algún pueblo originario durante 2025.

En el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, el Instituto de la Defensoría Pública (IDP), a cargo de la Consejería Jurídica, respalda a los pueblos originarios para garantizarles el acceso a la justicia sin discriminación y en condiciones de igualdad ante la ley con defensa gratuita en materia penal, principalmente en los Distritos Judiciales de San Felipe del Progreso, Valle de Bravo, Ixtlahuaca, el Oro, Almoloya de Juárez y Toluca.

Uno de los principales objetivos es cumplir con el Artículo 20 Constitucional, que establece el derecho fundamental de contar con un intérprete o traductor en caso de no hablar español para que comprenda plenamente su situación jurídica.

“Lo que debe privilegiarse aquí es que no se vulnere un derecho fundamental y sobre todo el debido proceso en una investigación, en un procedimiento, en un juicio. Las personas lo que más necesitan es que se les apoye, que exista una comunicación de una persona que conozca de su lengua, que conoce su cosmovisión, que conoce sus costumbres”, expresó Javier Flores Moreno, Defensor Público certificado en lengua otomí.

Por su parte, Jesús Velasco Rodríguez, Defensor Público en lengua mazahua, señaló que ser un servidor público que busca la justicia ante los tribunales para personas indígenas es una labor que lo llena de satisfacción al brindarles la posibilidad de contar con una defensa penal adecuada.

Destacó el caso de una mujer de San Felipe del Progreso que fue sentenciada a 35 años de prisión por el delito de trata de personas, al retomar el caso a través del IDP se inició un nuevo juicio donde se determinó que existió la violación a sus derechos como persona indígena y, posteriormente, se acreditó su inocencia.

“Que el Gobierno del Estado de México se centre en las personas indígenas para que se logre justicia para estas personas, pues desde luego que son acciones que además de innovadoras son de alto impacto, son muy humanas”, manifestó. Con estas acciones, el Gobierno del Estado de México refrenda su compromiso de garantizar una justicia con enfoque intercultural, cercana y sin discriminación, donde las personas de pueblos originarios ejerzan plenamente sus derechos y cuenten con una defensa penal digna.