Procesan a once integrantes de Sindicatos investigados por delito de despojo

• Dentro del ejercicio de la acción penal en contra de entramados criminales coludidos en el despojo, entre el 10 y el 27 de junio, se desahogarán audiencias de formulación de imputación en contra de 12 investigados quienes se desempeñan como notarios y servidores públicos estatales o municipales, en tanto que suman 15 objetivos prioritarios detenidos dentro de la Operación “Restitución” identificados como principales líderes o integrantes relevantes de las estructuras delictivas relacionadas con despojos, contra la propiedad, extorsiones y secuestros de las organizaciones autodenominadas “USON”, “GOPEZ”, “Unión 300” y/o “Los 300”, “Sindicato 22 de octubre” y “Los Gastones.”

  
  

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ha intensificado sus acciones dentro del marco de la Operación “Restitución” y la “Estrategia para la Restitución de la Propiedad”, logrando vincular a proceso a once personas presuntamente relacionadas con delitos como extorsión, despojo y secuestro exprés, cometidos principalmente en diversos municipios del Estado de México. Estas personas, que actuaban de manera individual o colectiva, facilitaron la ocupación ilegal de casas habitación, predios, locales comerciales y naves industriales, mediante métodos violentos y amenazas, favoreciendo a terceros para apropiarse indebidamente de dichos inmuebles. Las investigaciones señalan que muchas de estas acciones eran respaldadas por grupos de choque armados que operaban bajo la fachada de “sindicatos”.

Entre los implicados destacan cinco individuos que forman parte de la organización autodenominada “Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON)”. Estos sujetos, utilizando su número y portación de armas, intimidaban a propietarios y habitantes de inmuebles en municipios como Ecatepec, Tecámac, Tlalnepantla, Coacalco y Cuautitlán Izcalli, entre otros. Su modus operandi incluía ingresar por la fuerza a los inmuebles, exigir dinero a cambio de devolverlos y amenazar a las víctimas con represalias si denunciaban. Uno de los principales operadores de esta organización, José Carmelo “N”, fue vinculado a proceso por extorsión, con prisión preventiva justificada y un mes para el cierre de la investigación complementaria. Se le acusa de amenazar a una mujer para exigirle una cuota, bajo amenazas de desalojarla y hacerle daño a ella y a su familia si no cumplía.

En otro caso, Gabriela “N” fue procesada por el mismo delito tras apoderarse de un domicilio en Ecatepec junto con su pareja sentimental. Aprovechando la ausencia de la propietaria, ingresaron al inmueble y, con apoyo de otras personas armadas, intimidaron a la víctima cuando regresó. Le exigieron 30 mil pesos con la promesa de devolvérselo, lo cual nunca ocurrió. De manera similar, Ulises “N”, Juan Alberto “N” y José Manuel “N”, también vinculados a “USON”, fueron procesados por despojo al haber desalojado violentamente a un propietario en la colonia Ciudad Amanecer, Ecatepec. Lo amenazaron con armas de fuego y lo forzaron a abandonar el lugar, advirtiéndole que no se atreviera a regresar o atenería consecuencias.

Por otro lado, Hugo Francisco “N”, identificado como dirigente de la organización “Gestión y Organización Popular Emiliano Zapata (GOPEZ)”, fue vinculado a proceso por extorsión agravada. La Fiscalía lo acusa de haber utilizado su influencia para orquestar una detención ilegal contra una víctima, lo cual permitió el despojo de su inmueble en Jardines de Morelos, Ecatepec. A través de amenazas, exigió 300 mil pesos para devolver la propiedad, y aunque la víctima realizó varios pagos parciales, nunca se le restituyó su domicilio. Incluso, en abril de este año, le exigió una nueva cantidad con la amenaza de atentar contra su vida si no cumplía.

Asimismo, se investiga a la organización criminal “Unión 300” o “Los 300”, cuyos integrantes están vinculados con delitos como homicidio, venta de droga, extorsiones, robo con violencia y despojo. Esta organización habría contado con protección del más alto nivel del anterior gobierno municipal de Ecatepec. Sus integrantes solían grabarse cometiendo actos violentos para culpar a grupos rivales y desviar la atención de las autoridades. Entre sus miembros procesados se encuentra Jorge “N”, acusado de ingresar ilegalmente a un domicilio en Ecatepec, donde fingió realizar obras de albañilería para apropiarse del inmueble. También Alberto Eduardo “N” fue vinculado a proceso por extorsionar a un trabajador de una empresa de telecomunicaciones, a quien amenazó con hacerle daño si no entregaba dinero.

Además, fueron procesados Lourdes Yohana “N” y Víctor Heladio “N”, alias “El Taz”, integrantes del “Sindicato 22 de octubre”, por despojo. El primero de abril ingresaron, junto con tres personas más, a una vivienda en Chalco, donde fueron repelidos a tiros por la víctima y su familia. Dos de sus cómplices murieron en el enfrentamiento. Víctor Heladio ya enfrentaba un proceso por extorsión tras haber sido detenido en flagrancia por elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México.

También se ha identificado a la organización criminal “Los Gastones”, con presencia en municipios como Chalco y Valle de Chalco, y alcaldías de la Ciudad de México. Su líder, Brandon Salvador “N”, alias “El Gastoncito”, fue vinculado a proceso por extorsión. En abril de 2025, habría exigido dinero a una mujer a cambio de no causarle daño a ella ni a su hija, afirmando controlar la zona y exigiendo pagos mensuales bajo amenaza de muerte. El imputado también enfrenta procesos por delitos contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Hasta el 6 de junio, la Fiscalía del Estado de México ha vinculado a proceso a once presuntos integrantes de estas agrupaciones delictivas, como parte de los esfuerzos para combatir la ocupación ilegal de propiedades. Además, han sido cumplimentadas órdenes de aprehensión contra otras cuatro personas, presuntamente relacionadas con estos mismos sindicatos, quienes también están bajo investigación por delitos de alto impacto. Las autoridades mexiquenses continúan con las indagatorias para desmantelar la red de colusión y violencia que permitió a estos grupos operar durante años, muchas veces bajo el amparo de autoridades locales o con total impunidad.