Pide CCEM que disminución de recursos federales no afecte trato al sector productivo.
Ante los recientes recortes presupuestales, el Consejo Coordinador Empresarial Estado de México determina lo siguiente debido al recorte de presupuesto que se tendrá en julio próximo en la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON):
Concerniente al recorte presupuestal para la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente de 75%, solicitamos que la Delegación Estado de México no se vea afectada. Ya que sería alarmante que se comience a actuar en contra de los dispuesto en la fracción V, numeral 38 del “Decreto por el que se establecen las medidas de austeridad que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal bajo los criterios que en el mismo se indican.”, publicado en el DOF el 24 de abril de 2020, pues se excluyen del recorte las funciones que tengan que ver con la defensa de los derechos humanos.
“Solicitamos respetuosamente que la Delegación Estado de México de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, no sea afectada y continúe sus operaciones de forma regular. Esta dependencia es de gran apoyo para nuestro sector por las acciones de representación en diversos asuntos de su competencia, lo que representa un gran apoyo para los contribuyentes en general, tanto de personas físicas como morales, por lo cual mermar su operación en la entidad sería de gran impacto para la sociedad mexiquense.”, comentó Laura Hernández González, Presidenta del Consejo Coordinador Empresarial Estado de México.
Respecto a la postulación que se hizo por parte del Poder Ejecutivo Federal a la Cámara de Senadores referente a la terna de candidatos para el nombramiento del Titular de la PRODECON (Procuraduría de la Defensa del Contribuyente), invitamos al Ejecutivo Federal a que quien se nombre a nivel federal cumpla con el perfil y los requisitos enunciados en el Artículo 7° fracción III de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente con el fin que el candidato cuente con experiencia de, cuando menos, cinco años inmediatos anteriores a su designación en materia fiscal.
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