UAEMéx promueve protección integral de infancias con referentes de crianza en prisión

• Representantes de instituciones públicas y organizaciones civiles reflexionaron sobre los mecanismos jurídicos y sociales para prevenir la vulneración de sus derechos.

• La mesa de diálogo abordó los procesos de externamiento, el cuidado alternativo y el acompañamiento especializado dentro y fuera de los centros penitenciarios.

  
  

La protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes con referentes de crianza en prisión requiere una respuesta coordinada entre instituciones gubernamentales y organizaciones civiles, así como políticas públicas que garanticen su bienestar, desarrollo integral y acceso a la justicia, coincidieron especialistas durante la mesa de diálogo intersectorial “Infancias, derechos e impacto del encarcelamiento”, organizada por la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx).

En el marco del 2° Congreso Internacional Infancias con Referentes de Crianza en Prisión -convocado por la Secretaría de Ciencia de la UAEMéx-, el encuentro reunió a la directora de Políticas de Atención y Promoción de la Justicia de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), Ana Margarita Romero Bolaños; la magistrada de la Segunda Sala Colegiada Familiar de Toluca del Poder Judicial del Estado de México, Indra Ivón Castillo Robledo; la integrante de la Red por los Derechos de la Infancia en México, Rebeca Aguayo Sánchez, y el representante de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de la entidad, Elías Mendoza Carrasco.

Bajo la moderación de Diana Elisa González Calderón, coordinadora general de la Cátedra de Investigación “Infancias con Referentes de Crianza en Prisión”, iniciativa en la que participan investigadores de diversos espacios universitarios y cuyo objetivo es analizar y defender los derechos humanos de niñas y niños que viven dentro de centros penitenciarios junto a sus madres, así como de niñas, niños y adolescentes que viven fuera de prisión pero tienen a su padre o madre privado de la libertad, las y los participantes analizaron los mecanismos jurídicos e institucionales para prevenir vulneraciones a los derechos fundamentales de estas infancias, así como las violencias estructurales y la discriminación que enfrentan.

En este sentido, destacaron la importancia de atender cada caso de manera particular, mediante la escucha activa y la consideración de la opinión de niñas, niños y adolescentes, de acuerdo con su edad y grado de desarrollo.

En la Sala “Dr. Gustavo Baz Prada” del Edificio de Rectoría, también se expusieron los desafíos que enfrentan las organizaciones civiles para visibilizar y defender los derechos de quienes viven en centros penitenciarios junto a sus referentes de crianza, así como de quienes permanecen fuera de ellos y pueden encontrarse en entornos marcados por la violencia y la presencia del crimen organizado.

Respecto a los procesos de separación y externamiento de niñas y niños que viven en prisión, las y los especialistas señalaron que deben desarrollarse desde un enfoque de restitución de derechos y bajo esquemas de cuidado alternativo adecuados. Para ello, consideraron indispensable identificar posibles vulneraciones y realizar valoraciones multidisciplinarias que permitan ponderar los riesgos y beneficios de cada decisión, siempre en función del interés superior de la niñez.

Asimismo, resaltaron la importancia del acompañamiento profesional y educativo para niñas, niños y adolescentes que permanecen fuera de los centros penitenciarios, mediante acciones que favorezcan su desarrollo, formación e integración social en condiciones de seguridad.

Las y los participantes coincidieron en que la protección integral de estas infancias exige fortalecer la representación jurídica, la atención especializada y el acompañamiento institucional, además de articular las acciones de las dependencias públicas y las organizaciones civiles responsables de garantizar sus derechos humanos.

Finalmente, plantearon la necesidad de incrementar los recursos presupuestales destinados a este sector, consolidar mecanismos de coordinación interinstitucional y generar espacios de colaboración entre los distintos ámbitos de atención. También subrayaron la importancia de difundir los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como de incorporar las perspectivas de género y derechos humanos en el diseño y aplicación de políticas públicas.