2024. La serie...

POR NORBERTO HERNÁNDEZ BAUTISTA

Los gobernadores más que ayudar al presidente, se organizaron para desgastarlo, sabotearlo, hacerse los disimulados ante el reto de la seguridad. Uno de los instrumentos fue la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), constituida formalmente en julio de 2002. Las prácticas del presidencialismo sobrevivieron, tuvieron vigencia y continuidad en las realidades estatales. Con ello, el autoritarismo se mantuvo vivo y en espera de regresar al lugar donde estuvo 71 años.

Esta tendencia liberalizadora del yugo del centralismo fue una ventaja comparativa que, en una línea paralela, también aprovecharon las organizaciones de narcotraficantes. Pronto se dieron cuenta de lo atractivo que resultaba el hecho que los mandatarios estatales asumieran el control del poder local, con autonomía e independencia política del presidente de la república. Siempre al acecho, los narcotraficantes adaptaron su actividad criminal a las nuevas circunstancias de la alternancia electoral. Su motivación por cruzar drogas por la lucrativa frontera que compartimos con los Estados Unidos siguió intacta; ahí han operado por décadas, asumiendo las reglas que el momento dispone.

Bajo el régimen de partido casi único, a pesar de la corrupción, la autoridad todavía podía regular las actividades de los grupos criminales. Esa posibilidad desapareció a partir de la segunda mitad de los ochentas. En la medida que se fragmentó la política también se fragmentó el crimen organizado que ganó más poder en el ámbito de los gobiernos locales. Según Guadalupe Correa-Cabrera y Tony Payán: “Con Fox, la Presidencia, como figura central de equilibrio, incluso de seguridad pública, como poder articulador, ya no funcionó”. De manera paulatina, el tráfico de drogas se fortaleció. En contrapartida, disminuyó la fuerza de la autoridad para someter a los narcotraficantes.

Como en muchos otros temas, Fox no tenía una dirección frente al tráfico de droga. Los mismos autores citados sostenían que “proponía planes una y otra vez, y cuando tropezaba con obstáculos, cambiaba el rumbo o capitulaba”. Pronto, el Estado perdió su capacidad de contener a los pujantes grupos de  narcotraficantes. Para Luis Astorga “la pluralidad de actores y la descentralización del poder que arrastró la transición política trajeron consigo un debilitamiento del Estado Mexicano y de su capacidad de interlocución desde una aposición superior vis a vis con el crimen organizado.

La autonomía de los municipios y de los estados se convirtió en una atractiva área de oportunidad para la infiltración y cooptación de las autoridades por parte del crimen organizado. De acuerdo con Alejandro Gutiérrez, con el poder real ganado por los gobernadores “se presentó una mayor interlocución de los grupos criminales con las estructuras estatales”. Se apoderaron del territorio, sometieron a la clase política local e impusieron las nuevas reglas de la relación con la autoridad. En distintos momentos, estados como Michoacán, Jalisco, Guerrero, Tamaulipas, Coahuila y Veracruz fueron paraísos de impunidad para los narcotraficantes.

El avance democrático del país trajo consigo su propia externalidad; los distintos grupos de narcotraficantes actuaron con fuerza bajo un esquema de autoridad en paralelo. Para José Woldenberg: “el problema del narco fue que empezó a cumplir dos de las funciones sustantivas del Estado: el ejercicio de la violencia, que se suponía exclusivo, y el cobro de impuestos”. El cogobierno se extendió.

La consecuencia lógica del terreno ganado por los delincuentes a la autoridad fortaleció el terreno de la indefensión comunitaria. La zona de Tierra caliente en Michoacán, en los municipios de Ciudad Victoria, Nuevo Laredo, Reynosa, San Fernando en Tamaulipas, el municipio de Allende en Coahuila, en la zona de la Montaña de Guerrero o en el sur del estado de México el dolor humano causado por el dominio narco se normalizó.

Continuará…