POR NORBERTO HERNÁNDEZ BAUTISTA
La sucesión en la gubernatura en el Estado de México no es una elección local; es un evento con trascendencia nacional que impactará las relaciones de poder entre los grupos políticos, reformará el sistema de partidos del país, realineará a los grupos empresariales y, sobre todo, intensificará el debate sobre el diseño a seguir del nuevo sistema político mexicano.
El Estado de México es el último bastión del viejo régimen que se sostenía en el presidencialismo, en un partido hegemónico y en los arreglos para el control político de la transición democrática o alternancia política.
Hasta antes de 2018, ninguna reforma electoral se aprobó para poner en riesgo la continuidad del modelo económico y político de los grupos dominantes. Con la alternancia en el poder presidencial entre el PAN y el PRI nada cambió.
No fueron coincidencias ideológicas entre partidos, fueron acuerdos impuestos desde las cúpulas empresariales que sustituyeron la política, la subordinaron, hicieron de ella un instrumento de utilería y cometieron todo tipo de excesos que agotaron la tolerancia de los electores.
El fenómeno social del proceso electoral presidencial de 2018 no ha parado. Ha sido una campaña permanente cuyos promotores son los mismos que perdieron la elección. Mal entendieron el acontecimiento, creyeron que era una acción con efectos de corto plazo y apostaron al desgaste del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y de su partido, MORENA.
La estrategia llevada a cabo por los adversarios del presidente ha hecho ver mal al poder económico cupular,que fue el promotor de la alianza con la idea de recuperar el dominio ejercido durante cuatro sexenios seguidos, de 1994a 2018. El resultado es que la coalición opositora integrada por el PAN-PRI-PRD solo ha sumado derrotas y ha puesto en evidencia su descomposición interna.
Fallaron en 2018, fracasaron en los comicios estatales y sucumbieron en las elecciones intermedias de 2021, al no lograr el control de la cámara de diputados federal, como era su propósito. La suma de los partidos coaligados y los intereses económicos no fue suficiente. El escándalo mediático es una fuente que genera nota, pero no curules ni gubernaturas. Esas las ha ganado su incómodo adversario.
Para mantenerse como bloque, la oposición requiere de ganar la gubernatura en 2023. Esta es una elección decisiva, supera cualquier escenario pasado en elecciones locales y de ella depende dar continuidad al PRI en el orden federal.
Durante la celebración del Quinto Informe de Gobierno, el gobernador Alfredo del Mazo dio muestras de diplomacia política, mandó un mensaje de respeto y cordialidad al presidente.
Pero es evidente que va a luchar por ganar la elección y entregar la gubernatura a una priista. Su estrategia está soportada en la política social. Es su brazo operador real, no los sectores del PRI.
Por su parte, el presidente de la República mostró su poder de convocatoria durante la celebración de las fiestas patrias. Es claro que goza de aceptación y apoyo social. Cuidado si el presidente convoca a la movilización, nada podría contra esa fuerza obradorista.
En términos reales estamos frente a una competencia donde los actores principales no son los candidatos.
Para el presidente ganar es asegurar el triunfo en las elecciones presidenciales de 2024.
Para el gobernador, la oposición y los grupos de interés ligados al viejo sistema político es mantener una alternativa para tratar de ganar la mayoría en ambas cámaras del Poder Legislativo. Pensar en ganar la presidencia es casi un sueño imposible.
Si gana MORENA, el cambio de régimen terminará por nacer. Con la victoria, la 4T habrá anclado en tierra firme.
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