Marcelo, ¿era necesario?

Marcelo Ebrard ha cometido un error político que puede pesarle en su ruta hacia la Presidencia de la República. En su prisa por reposicionarse, decidió impulsar un plan bilateral entre México y Estados Unidos para el suministro de minerales críticos considerados estratégicos para las industrias tecnológica y energética. El detalle no es menor: esas industrias se desarrollan principalmente en Estados Unidos y, solo de manera incipiente, en México. La pregunta es inevitable: ¿existía una necesidad real de que México se involucrara, en este momento, en el conflicto geoeconómico entre Estados Unidos y China, país que hoy domina buena parte del suministro global de estos insumos?

La experiencia histórica obliga a la cautela. La minería, en México, ha significado en numerosos casos daño ambiental, ruptura del tejido social y agravios persistentes para las comunidades donde se lleva a cabo la explotación. Son poblaciones con escasa voz política y poca capacidad de incidencia frente al poder económico de las empresas mineras. Los impactos ecológicos suelen justificarse en nombre del desarrollo regional o nacional, mientras la reparación de daños se posterga indefinidamente. Los expedientes se acumulan: “en revisión”, “en proceso”, “en negociación”. Casi nunca en favor de los más débiles y rara vez en contra de los intereses empresariales.

En ese contexto, la decisión de Ebrard luce precipitada. Ya sea por una lectura errónea del escenario internacional o por un cálculo político personal, se adelantó para colocar su firma en una agenda vinculada al futuro del T-MEC. Sin embargo, Estados Unidos ya no es la potencia incuestionable que emergió tras la Segunda Guerra Mundial. Su hegemonía enfrenta tensiones económicas, monetarias, tecnológicas y militares. No existía una urgencia estratégica para que México asumiera un papel activo en el aseguramiento de metales críticos para un país que, además, depende en buena medida del mercado chino para su propia industria de baterías, energía limpia, semiconductores y, de forma particular, del sector militar.

El movimiento puede explicarse como un intento de reforzar la relación comercial con Estados Unidos para evitar escenarios de presión: aranceles, migración, o incluso amenazas vinculadas a la seguridad y al combate al crimen organizado. Pero esa explicación no disipa la percepción de fondo: Ebrard busca reposicionarse ante la clase política y empresarial estadounidense funcional a sus intereses. Durante la etapa neoliberal, aspirantes presidenciales mexicanos se legitimaban por su formación en universidades de élite en Estados Unidos. Ebrard no siguió ese camino, pero hoy envía señales políticas equivalentes.

Se argumenta que el plan se apegará a la soberanía y a la Constitución mexicanas. En la práctica, la relación bilateral ha demostrado ser profundamente asimétrica.

Estados Unidos prioriza sus intereses estratégicos y México carece de instrumentos reales para contener excesos cuando estos ocurren. La dependencia comercial limita el margen de maniobra. En ese escenario, el riesgo es claro: que el diseño del plan responda principalmente a la agenda estadounidense, mientras México asume un papel subordinado y las consideraciones ambientales y comunitarias quedan sin una protección robusta.

No se trata de rechazar toda cooperación internacional ni de negar la importancia de los minerales críticos en la economía del futuro. Se trata de prioridades. México pudo, y quizá debió, primero definir una política minera propia, fortalecer sus capacidades industriales, diversificar alianzas y establecer salvaguardas sociales y ambientales claras antes de comprometerse en una agenda ajena.

La historia muestra que cuando las agendas externas sustituyen a las prioridades nacionales, el costo se paga a largo plazo. Aún hay margen para corregir, pero el mensaje político ya fue enviado. Y en política internacional, los mensajes —más que los discursos— son los que terminan marcando el rumbo.