¡OPINIÓN! LETRAS DE JUAN GABRIEL

• Avalancha de denuncias penales por escándalos de corrupción en Edomex.

• Desde venta de plazas, hasta moches y derechos de picaporte a empresarios.

• Educación, Medio Ambiente y Finanzas, las primeras en las pesquisas.

• Ya se sabe quién disparó contra el tigre de bengala 'Kenzo' en Tepetlaoxtoc.

• No habrá prisión para alcaldes de Metepec y Tenancingo; sólo el escarnio público.

POR JUAN GABRIEL GONZÁLEZ CRUZ

En los últimos días este columnista ha tenido acceso a denuncias, documentos y declaraciones que permiten asegurar la existencia de una red de corrupción que ha venido operando desde distintos flancos e instituciones, públicas al amparo de deslealtades, traiciones y componendas que están afectando al gobierno de la maestra Delfina Gómez Álvarez y -por supuesto- a los mexiquenses.

Sin bien lo de la venta de plazas en la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) ha sido la punta de lanza, esto apenas es uno de varios escándalos fraguados en los más altos niveles de la burocracia estatal y en perjuicio de la administración pública.

Entre las secretarías, dependencias y organismos donde funcionarios de todos los niveles se han manchado las manos con la malversación de recursos y hasta con temas de extorsión están: la SECTI, la Oficialía Mayor, la Secretaría de Seguridad, la Secretaría del Medio Ambiente, la Secretaría de Cultura y Turismo, la Secretaría de Finanzas, entre otras… varias de esas triquiñuelas han sido advertidas, descubiertas y denunciadas en este espacio. Algunos casos provenientes desde la pasada administración priista y otros con continuidad en la actual gestión estatal de la 4T.

Caso Tinoco en Educación

Para comprender el trabuco del manejo irregular de las plazas del sector educativo mexiquense, es indispensable incorporar en la ecuación a Rogelio Tinoco García, un personaje que formó parte de la “nómina dorada” del priismo, desde los tiempos de Enrique Peña Nieto, como Director General de los Servicios Educativos Integrados al Estado de México (SEIEM); pasando por la Secretaría General de Gobierno, como Director General y Subsecretario en el sexenio de Eruviel Ávila Villegas;  hasta su consolidación como Subsecretario de Educación Básica en la administración de Alfredo del Mazo Maza.

A lo largo de esa trayectoria, Tinoco hizo gala de su poder político para incorporar en la nómina estatal a decenas de personas, con la complicidad de otro personaje con quien camino en paralelo: Gerardo Monroy Serrano. Y por qué no, aprovechar este esquema de movimientos de personal para beneficio propio, ni más ni menos que con una de sus hijas, quien a sus escasos 23 años causó alta en el Gobierno del Estado de México.

Casos como ese hay muchos, pero lo que sorprende es la meteórica carrera para obtener una plaza de “investigador educativo”, donde el sueldo neto es superior a los 50 mil pesos mensuales, con una basificación y sindicalización exprés, pese a una interrupción en su función pública que data del 2009 al 2011. A partir de ese momento, la menor de la familia Tinoco García ocupó espacios en casi toda la estructura del sector educativo central, así como en organismos descentralizados, como en los SEIEM, nada más y nada menos bajo la gestión de Gerardo Monroy Serrano.

Para entenderlo: la dupla Rogelio Tinoco-Gerardo Monroy perfeccionó el saqueo a las finanzas públicas de una forma inusitada, pues a partir del mes de octubre del 2022, ciertos “docentes” (de diferentes categorías) incluida la hija de Rogelio Tinoco, comenzaron a “pedir licencia con goce de sueldo” por “enfermedad no profesional” (tres de manera continua por un periodo de 7 días naturales), para después solicitarla por un periodo de un año. Una vez que “regresaban a sus labores”, pasaban de 3 a 4 meses para reiniciar el trámite y volver a gozar del beneficio por un año.

Aquí viene lo extraño: todo el esquema contraviene a lo dispuesto en el artículo 137 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, donde se establece como plazo máximo de este tipo de licencias hasta por 70 días con goce de sueldo íntegro, y otro lapso de 180 días más con sueldo a la mitad o sin goce, siempre y cuando se cuente con el dictamen del ISSEMyM para acreditar la “prolongación de la enfermedad”.

Para mantener vigente este esquema en la actual administración, al estar adscrita a la Subsecretaria de Educación Superior y Normal de la SECTI,  la hija de Tinoco solicitó en septiembre del año 2024, su “periodo sabático con goce de sueldo”, de acuerdo con lo indicado en el artículo 112, fracción I, incisos a y b del Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo de los Servidores Públicos Docentes del Subsistema Educativo Estatal, es decir por razones de “estudios de superación académica”, pero esta columna cuenta con evidencia de que la hija de Rogelio Tinoco ya contaba con el Doctorado en Educación. 

Esto no importó para que, por la vía sindical y administrativa, obtuviera la licencia por el periodo del 16/08/2024 al 15/08/2025. No obstante, previo al término de dicho periodo sabático, la hija de Tinoco gestionó una “licencia sin goce de sueldo por motivos personales”, la cual le fue otorgada del 16/08/2025 al 15/08/2026. Nadie cuestiona el derecho a contar con esas prestaciones, de acuerdo a su antigüedad en el servicio púbico docente, pero una cosa es resolver asuntos personales y otra es “viajar por el extranjero para liberarse de tanto estrés". La SECTI ya investiga dónde radica la hija de Rogelio Tinoco y como llegó a tener tantos beneficios laborales y escalafones, similares a los del escándalo de la venta de plazas que ya tiene a varios detenidos y procesados penalmente.

Caso Verificentros y Gasolineras

Otro escándalo que ya está en las más altas esferas judiciales es el relativo a la extorsión sobre gasolineras y verificentros del Estado de México, tema que ya fue expuesto en la Conferencia Mañanera de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo a inicios de esta semana. Lo que hace medio año inicio con insinuaciones y señalamientos por parte de empresarios del ramo, ya se convirtió en una indagatoria penal de gran alcance y que involucra a altos funcionarios de la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Estado de México, donde sobresale el nombre de Raúl Piñla Horta, director de Protección y Restauración del Medio Ambiente, como uno de los principales acusados en esta red de extorsión. Documentos en poder de esta columna indican que las pesquisas van en serio y no sólo en el ámbito estatal, sino también en el federal. Entre el 17 y 24 de junio se dirigieron oficios a la presidenta Shenbaum; al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del país, Omar García Harfuch y a la gobernadora, Delfina Gómez Álvarez por parte de la Asociación de Verificentros del Estado de México y todos tuvieron respuesta inmediata. La instrucción de Palacio Nacional y Lerdo 300 fue que las fiscalías General de la República (FGR) y General de Justicia del Edoméx (FGJEM) lleguen hasta las últimas consecuencias porque las pruebas otorgadas por los afectados revelan un modus operandi similar en todos los casos, es decir, funcionarios públicos estatales estuvieron exigiendo montos bimestrales de hasta medio millón de pesos por gasolinera, gasera o verificentro a cambio de no clausurarlos y se amparaban en la supuesta instrucción de un líder político para pedir esos moches. Las investigaciones van sobre conductas pasadas y actuales, sobre acuerdos en lo oscurito para fraguar la extorsión. En los últimos días se ha visto un desfile de empresarios tanto en la FGR como en la FGJEM para robustecer las acusaciones y pruebas; el siguiente paso será la judicialización de las denuncias y posteriormente las órdenes de aprehensión.

CANCIÓN, DICHO O REFRÁN

Moche para picaporte…

Este espacio está en condiciones de adelantarles otra nueva denuncia que ineludiblemente terminará en escándalo y persecución legal. Se sabe -con fuentes y documentos fehacientes- que altos funcionarios de la Secretaría de Finanzas que comanda Oscar Flores Jiménez, también han exigido embutes a empresarios con la promesa de ser atendidos en gubernatura, es decir, sí algún inversionista o proveedor quiere agilizar sus trámites debe activar el “derecho picaporte” para ser recibido en la oficina más importante de Lerdo 300. La denuncia ya corre en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), mientras el titular de la Secretaría de Finanzas sigue soñando con la gubernatura de Tlaxcala. ¿Será para financiar la campaña?

Esa de Cantinflas: “Por mis pistolas”…

En las últimas horas les revelé que tras la búsqueda y localización del tigre de bengala “Kenzo”, que escapó de un falso refugio animal en Tepetlaoxtoc, las labores de ubicación se complicaron porque el felino se internó en zonas de difícil acceso y donde el común denominador es la actividad ilícita de huachicol, incluso que sujetos armados derribaron dos drones de las autoridades federales y estatales. Pero en las últimas horas y en Lerdo 300 se dio a conocer el avance de las investigaciones sobre la muerte de Kenzo por disparos de arma de fuego, ya que -según se argumentó- fue un protocolo de contención letal para evitar una agresión del tigre sobre los rescatistas. Fuentes de gobierno adelantaron que quien accionó su arma de fuego contra el tigre habría sido un escolta o colaborador de la Dirección de Protección Civil del Estado de México. De ser así la pregunta es ¿Porque los altos funcionarios de esta dependencia tienen escoltas y por qué están armados? Se viene un serio problema legal e institucional por la impericia que acabó con la vida de Kenzo, pero sobre todo porque le asestaron un duro golpe a la una de las políticas más emblemáticas de la gobernadora, Delfina Gómez Álvarez: la protección y cuidado de los seres sintientes, de los animalitos. ¡Vaya bronca!

Se apagan los fuegos…

Este miércoles se espera nuevamente el arribo del alcalde de Metepec, el panista Fernando Flores Fernández a los juzgados estatales de Almoloya de Juárez, para seguir las audiencias por la denuncia de presunto abuso de poder durante la irrupción violenta del 4 de junio en el Club Deportivo la Asunción. La trama no tiene mucho que destacar y menos una resolución judicial que le quite el cargo a Fernando Flores, así como tampoco que se determine la prisión preventiva oficiosa. Todo quedará en arreglo interno como un pleito familiar y en el escarnio público por haberse hecho viral el video de Fernando Flores y sus escoltas armados… ¡Y ahí murió!

Para el caso de la alcaldesa de Tenancingo, la morenista Nancy Nápoles Pacheco, la ruta será similar a la de Metepec. En su audiencia del jueves 9 de julio, la presidenta municipal comparecerá ante un juez y el Ministerio Público ratificará la acusación por haber “simulado un secuestro”, pero este delito no es considerado como grave y por ende no habrá prisión preventiva justificada, ya que Nancy Nápoles tampoco ha dado señales de fuga y siempre ha estado localizable. Sin embargo, respecto al esposo y al cuñado de Nnacy, estos dos personajes siguen evadidos de la ley y están señalados como presuntos autores intelectuales del “falso secuestro”. Pero una cosa es la acusación por la simulación del secuestro y otra muy diferente la denuncia que pueda derivarse del posible daño al erario municipal por 40 millones de pesos, que -según la Fiscalía- fue lo que motivó la fallida privación de la libertad de la alcaldesa el 31 de mayo. Por el momento Nancy Nápoles pude dormir tranquila en el ámbito judicial, aunque en el terreno político la exhibición pública que abochornó a Morena lo tendrá que pagar con la no reelección del cargo en Tenancingo.