POR NORBERTO HERNÁNDEZ BAUTISTA
Para nadie es novedad o extraño que el PRI mexiquense será el partido que designe a la candidata de la coalición opositora a Morena. No necesariamente será una coalición en términos de la Ley Electoral; será un acuerdo que, seguramente, superará el mero marco legal, como siempre ha sido en el Estado de México. El escenario nacional es favorable para que la experimentada clase política de la entidad transite su proceso electoral de 2023, sin mayores problemas. Nunca hubo duda de ello, excepto las opiniones de salva que se alimentan de la coyuntura, por no decir del chisme.
Mientras el PAN está en busca de construir su estructura territorial, en el PRI nunca han dejado de avanzar. No es de ahora ni son actos que atiendan una elección o que se improvise por la cercanía de un proceso electoral. Desde siempre, sus operadores han tenido como tarea prioritaria mantener contacto con su base militante, simpatizante y la organización de grupos para la movilización. Toda esta actividad va más allá de las tareas del partido. Es la operación misma del gobierno.
Desde la existencia de los ejércitos del trabajo, los comités de solidaridad, de las organizaciones de mujeres que apoyaron al candidato Enrique Peña, primero a gobernador y luego a presidente del país, hasta la entrega de las tarjetas rosas, la clase política priista opera para conservar el poder. Es una actividad constante. Ningún partido lo ha superado ni lo tiene organizado como lo hacen el PRI y su grupo político. Municipios como Ecatepec o Nezahualcóyotl fueron reservas electorales para la movilización del PRI. La distritación electoral, los municipios del sur y el norte de la entidad lo siguen siendo.
También han echado mano de la operación política para evitar alianzas en la oposición. En su momento entre el PAN y el PRD; y, en 2017, entre Morena y el PRD. De repente, se vio un caso donde el PAN fue en alianza con el PT. De igual manera, sucedió con el PRD que tuvo un candidato a gobernador en 2017, con una difusión desbordante en espectaculares y en medios de comunicación nacionales. En realidad, fue la invención de un candidato.
En algún momento, hicieron un acuerdo en la Secretaría de Gobernación Federal, para evitar una alianza del PAN con la oposición en la entidad. Eso sucedió en el gobierno del presidente Calderón y del gobernador Peña Nieto. Un hecho similar presumió el panista Ricardo Anaya de haber llegado a un acuerdo con el presidente Peña para dejar pasar a Josefina Vázquez Mota como candidata y luego como gobernadora. Así, Anaya sería presidente de México. Ni una ni otra cosa sucedió.
Para las alianzas de 2023, es conveniente citar que en el PAN el poder político no está en la figura de ningún candidato; esa decisión está en manos del presidente del Comité Directivo Estatal y es por estatutos, no por aclamación. De esta manera, una posible coalición es viable por ese poder estatutario que arropa al presidente del panismo estatal.
Frente a esta narrativa que favorece al PRI en abanderar la coalición con una candidata de sus filas, existe un inconveniente que está cobrando fuerza. Se llama Ana Lilia. Ella sabe que no es la candidata favorita, en consecuencia, ha puesto en marcha una campaña para ganar ese lugar. Las opiniones favorables a su propuesta política han ganado terreno. Las de Alejandra no tanto, mientras se mantenga en el cargo, corre el riesgo de seguir perdiendo base social, tanto entre militantes como en población abierta.
Las diferencias seguirán creciendo, mientras no se defina el método.
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