Revés para las élites partidistas

Por: Efrén Ortiz Alvarez

La iniciativa de reforma electoral presentada el día de ayer por la presidenta Claudia Sheinbaum ha provocado una reacción inmediata en la oposición. Algunos de sus críticos han advertido que se trata de un intento por debilitar la democracia mexicana. Sin embargo, una lectura cuidadosa de la propuesta sugiere algo distinto: una reforma que, en varios de sus aspectos, reduce privilegios a los partidos políticos y los obliga a salir de la comodidad de los escritorios para ganarse el apoyo de la gente en las calles.

En primer lugar, propone reducir el financiamiento público a los partidos políticos en aproximadamente un 25%. La fórmula constitucional vigente —basada en el 65% de la Unidad de Medida y Actualización multiplicada por el padrón electoral— se reduciría al 48.75%. Al mismo tiempo, los tiempos oficiales de radio y televisión destinados a propaganda política pasarían de 48 a 35 minutos diarios.

No se trata de un cambio menor. Durante años, el sistema electoral mexicano ha sido uno de los más costosos del mundo. Reducir el financiamiento y los tiempos en medios electrónicos implica obligar a los partidos a depender menos de la publicidad política y más del trabajo territorial y la organización social.

El segundo cambio relevante se encuentra en la integración del Congreso. La reforma mantiene la Cámara de Diputados con 500 integrantes —300 de mayoría relativa y 200 de representación proporcional—, pero introduce un mecanismo que premia el desempeño electoral de quienes compiten en los distritos. El sistema de “mejores perdedores” (como en el Estado de México) permitiría que candidatos que obtuvieron votaciones competitivas, aunque no hayan ganado su distrito, puedan acceder a espacios de representación proporcional.

Este cambio tiene una consecuencia política evidente: reduce el control que las dirigencias partidistas han tenido durante décadas sobre las listas plurinominales. Durante años, los espacios de representación proporcional han sido utilizados para garantizar posiciones legislativas a dirigentes, cuates, familiareso figuras cercanas a las cúpulas partidistas. Con el nuevo modelo, al menos una parte de esos espacios dependería del desempeño electoral real de los candidatos.

En el Senado, el cambio es aún más sustancial. La propuesta elimina las listas de representación proporcional y reduce la Cámara Alta de 128 a 96 integrantes. Los escaños se asignarían únicamente mediante mayoría relativa y primera minoría en cada entidad federativa. En otras palabras, los senadores dependerían exclusivamente del voto ciudadano en las urnas y no de decisiones tomadas en las dirigencias partidistas.

La iniciativa también introduce mecanismos más estrictos de control sobre el financiamiento político. Se prohíben las aportaciones en efectivo, se establece la fiscalización en tiempo real de las operaciones financieras de partidos y candidatos, y se impide cualquier forma de financiamiento proveniente del extranjero o de recursos ilícitos. Además, se contempla un sistema de revisión de candidaturas para evitar la infiltración del crimen organizado en cargos de representación popular.

Otro aspecto novedoso es la regulación del uso de inteligencia artificial en propaganda política. La reforma propone prohibir la manipulación de contenidos mediante herramientas tecnológicas que alteren mensajes de campañas en radio, televisión o plataformas digitales, una medida que busca prevenir la “propaganda negra digital” y otras formas de desinformación electoral.

Desde luego, no sorprende que algunos partidos políticos reaccionen con reservas frente a estos cambios. La reducción de financiamiento, la disminución de tiempos en medios y la pérdida de control sobre las listas “pluris” afectan directamente a las cúpulas partidistas.

Pero afirmar que esta reforma pone en riesgo la democracia parece, al menos por ahora, una exageración política. Si algo sugiere la iniciativa es que el sistema electoral mexicano podría estar transitando hacia un modelo con menos recursos públicos, mayor fiscalización y una competencia política más vinculada al desempeño electoral en territorio.

¡En pocas palabras, menos dinero, menos “pluris” y más chamba!