El origen del sistema electoral y la incomodidad del PT y PVEM

Por Efrén Ortiz Alvarez

La reforma electoral que propondrá a finales de este mes la presidenta Claudia Sheinbaum no puede entenderse sin revisar el origen del sistema que hoy se pretende modificar, ni las razones políticas por las que el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) se resisten a aprobarla.

Antes de 1977, prácticamente todo lo ganaba el PRI. En diversos textos y columnas (ésta no es la excepción) se ha señalado -ad nauseam- que México vivía bajo un régimen de partido hegemónico que generaba un problema democrático de fondo: la oposición tenía votos, pero no espacios de representación popular. Las elecciones existían, pero no satisfacían el estándar internacional de un régimen plural de partidos.

El sistema electoral actual nació precisamente para corregir esa distorsión. A partir de la reforma política de 1977 comenzó un largo proceso de desmontaje del control gubernamental sobre los comicios. Durante décadas, el gobierno organizaba, calificaba y validaba las elecciones; era juez y parte. Entre 1977 y 2014, México logró trasladar gradualmente la organización electoral hacia órganos autónomos constitucionales, primero el IFE(1990) y después el INE y los OPLES (2014).

En ese contexto se introdujeron los primeros 100 diputados de representación proporcional. Los llamados plurinominales no surgieron solo como un mandato democrático o convencional, sino como un mecanismo de inclusión política. El objetivo era claro: incorporar a las minorías al sistema institucional para evitar la radicalización y la violencia. No es casual que esta reforma ocurriera después de que más de treinta grupos guerrilleros se levantaran en armas contra el Estado y fueran posteriormente aniquilados en el campo y en las ciudades.

En 1986, durante el gobierno de Miguel de la Madrid, se modificaron los artículos constitucionales relevantes —principalmente el 54— para aumentar los diputados de representación proporcional de 100 a 200, manteniendo los 300 de mayoría relativa. Así nació la Cámara de Diputados de 500 integrantes que hoy conocemos.

Más adelante, el 22 de agosto de 1996, se introdujo otra regla clave: el límite del 8% a la sobrerrepresentación. Esta disposición impide que un partido tenga en la Cámara más de ocho puntos porcentuales adicionales de curules respecto de su votación nacional. La reforma fue considerada en su momento la culminación de la transición democrática, pues permitió construir instituciones electorales imparciales que harían posible la alternancia presidencial del año 2000.

Sin embargo, en 2024 el país enfrentó una nueva crisis política y jurídica en torno al criterio que debían adoptar el INE y la Sala Superior del TEPJF para asignar los diputados de representación proporcional. Sin entrar en detalles técnicos, y con base en mis casi 20 años de experiencia como representante partidista, puedo afirmar -sin temor a equivocarme- que tanto el INE como la Sala Superior actuaron con estricto apego a la constitución alrealizar la asignación en ambas cámaras.

Es cierto que, como coalición, Morena, PT y PVEM quedaron sobrerrepresentados en aproximadamente15.95% (7.95% más de lo permitido). Pero también es verdad que, de manera individual, ninguno de los partidos rebasó el límite constitucional del 8%. Lo que durante años se dio por sentado y aceptado —y que solo se cuestionó cuando produjo resultados antidemocráticos— es que la Constitución y las leyes generales imponen el límite de sobrerrepresentación por partido y no por coaliciones.

En la siguiente entrega trataré de explicar por qué el PT y el PVEM no pueden —y tampoco quieren— votar el proyecto de reforma electoral elaborado por Pablo Gómez (uno de los primeros 100 diputados “pluris”en México por el Partido Comunista, en 1979). Para ellos, aprobarla equivaldría a suscribir su propia desaparición del sistema político.